SALUD OCUPACIONAL Y DERECHO HUMANO A LA SALUD Y A LA VIDA.

“Es un deber Constitucional del Estado Mexicano, preservar el Derecho Humano a la Salud incluyendo la Salud Ocupacional de Médicos, Enfermeras, Especialistas, Camilleros, Paramédicos, Personal de Intendencia, Vigilancia y demás trabajadores o prestadores de servicios que atienden en primera línea la epidemia de Coronavirus y la enfermedad que ocasiona, COVID-19…”

La ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), define a la Salud Ocupacional como una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores, mediante la prevención y el control de enfermedades y accidentes y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Además, procura generar y promover el trabajo seguro y sano, así como buenos ambientes y organizaciones de trabajo, realzando el bienestar físico, mental y social de los trabajadores y respaldando el perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad de trabajo. A la vez que busca habilitar a los trabajadores para que lleven vidas social y económicamente productivas y contribuyan efectivamente al desarrollo sostenible. La salud ocupacional permite su enriquecimiento humano y profesional en el trabajo.

Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra en el articulo 4º el Derecho Humano a la Salud, aunado al Derecho Humano a la Vida, consagrado en el articulo 1 de Nuestra Carta Magna.

En ese sentido, es un deber Constitucional del Estado Mexicano, preservar el derecho humano a la salud incluyendo la Salud Ocupacional de Médicos, Enfermeras, Especialistas, Camilleros, Paramédicos, Personal de Intendencia, Vigilancia y demás trabajadores o prestadores de servicios que atienden en primera línea la epidemia de Coronavirus y la enfermedad que ocasiona, COVID-19.

Entendido a contrario sensu, el Estado Mexicano es Responsable por el incumplimiento a tales DERECHOS HUMANOS, debiendo entonces soportar la reparación de esa responsabilidad a través de la Protección Constitucional con el Juicio de Amparo y/o en su caso a través de procedimiento administrativo o Responsabilidad Patrimonial del Estado por su actuar ilícito con sus debidas indemnizaciones.

Veámoslo de la siguiente manera: Si un Medico que se contagia de COVID-19 por la falta de protección y pierde la vida, acreditado que no le fue proporcionado el equipo para su protección –En este caso, imaginemos que promovió un amparo indirecto para solicitar dicha protección- Su esposa o hijos están legitimados para demandar la Responsabilidad Patrimonial del Estado para efectos indemnizatorios por la muerte, el lucro cesante y daño moral que dicha perdida les ocasiona.

Ahora, no se trata de alebrestar una pila de demandas en contra del Estado, sino, hacer conciencia en todos los niveles de gobierno, que no solo se pierde una vida, sino que, su actuar negligente o irregular pega el patrimonio publico, por lo que, como efecto mariposa, debería haber denuncias, investigaciones, despidos, reparación de daños, etc., en contra de los funcionarios públicos que no realizaron su trabajo como deberían.

Ese es el Estado de Derecho que merecemos, no obstante, requiere pelear por el mismo. Y es ahí también donde podemos encontrar la solución a gran parte de los problemas de corrupción, haciendo que el servidor publico entienda que hay consecuencias por sus actos y no dejarlos impunes sin haber peleado.

Sin duda el tema viene en aumento junto con el numero de contagios y muertes del Personal de Salud, donde por burocracia, falta de preparación o coordinación o simplemente por ineptitud de directivos en cualquiera de los niveles jerárquicos, se incumple con proteger el derecho a la Salud Ocupacional, a la Salud Publica y a la Vida misma.

Recuerda que nuestras publicaciones son informativas para el entendimiento público; y su contenido es enunciativo mas no limitativo.

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